Capitalismo de estado

La expresión "capitalismo de Estado" suele entrañar una contradicción de los términos, ya que si bien el capitalismo designa un sistema social en el que el capital ya sea en forma de dinero o de medios de producción y stocks de materias primas es una propiedad privada, la noción de Estado hace referencia a la propiedad de bienes y servicios públicos. Sin embargo, el concepto de capitalismo de Estado se ha impuesto progresivamente, a través del desarrollo, en la mayoría de las sociedades industriales de empresas nacionales o nacionalizadas.

Estas empresas colocadas bajo la dirección del Estado existen, sobre todo, en los países capitalistas. Han sustituido a la propiedad privada a través de diversos caminos: creación de monopolios del Estado, nacionalización de servicios considerados de utilidad pública (ferrocarriles, gas y electricidad, en la mayoría de los países de Europa occidental), expropiación de bienes de personas consideradas indignas (fábricas Renault en Francia, empresas nazis en Alemania y Austria), rescate de empresas arruinadas por la crisis (Italia), etc.

El sector público se ha ampliado en virtud de la creación de nuevas empresas, filiales de las anteriores o directamente fundadas por el Estado (petróleo en Francia e Italia). Asimismo, se ha desarrollado mediante la constitución de sociedades de economía mixta en la que se asocian fondos públicos y privados. y donde el Estado se reserva una mayoría del 51 %. Por otro lado, cada vez más las grandes sociedades privadas muestran la tendencia a asociar al Estado en las empresas nacionalizadas en sus operaciones a largo plazo.

La interpenetración de los capitales privados y los estatales que se ha transformado en una importante característica del funcionamiento de la economía en los países industriales de avanzada ha llevado al marxismo a desarrollar la teoría del "capitalismo monopolista de Estado". Según sus tesis, el Estado se ha convertido en un factor predominante en la reproducción del capital, no sólo en virtud de su papel institucional y político sino también por la acción que ejerce en el plano económico al tomar a su cargo ciertas ramas de actividades no rentables (transportes. energía, etc.), cuyo funcionamiento es necesario.