Los principios presupuestarios enmarcan la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades locales, siendo “expresión permanente del ordenamiento jurídico-financiero y, por ello, manifestación de su homogeneidad institucional y de su fundamento unitario” [Fernández-Carnicero, 1984, p.35].
El presupuesto de estas entidades tiene tres condicionantes de carácter general como son su contenido, forma de elaboración y normas político-administrativas a las que el mismo debe someterse. La escuela económica clásica fue la primera que, basándose en los condicionamientos anteriormente mencionados, elaboró una serie de principios de naturaleza presupuestaria, distinguiéndose los siguientes:
- Principios políticos:
- Competencia: El Gobierno debe respetar los límites de la autorización marcada por el legislativo para presupuestar.
- Universalidad: El Presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos que se pretendan realizar.
- Unidad y claridad: El Presupuesto debe contener en un único documento los ingresos y gastos, además de especificar cuál es la procedencia de los ingresos y cuál es el destino de los gastos.
- Especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal: No se pueden traspasar gastos asignados a una función para desarrollar otra; no se pueden superar los límites de gasto marcados, ni se pueden llevar los gastos a otros ejercicios presupuestarios.
- Principio de publicidad: La información del ciudadano sobre la actividad del ejecutivo en la gestión de fondos públicos debe ser total y accesible.
- Principios contables:
- Presupuesto bruto: Todas las partidas de ingresos y gastos deben aparecer en el presupuesto sin aumentos, ni disminuciones de ningún tipo.
- Unidad de caja: Todos los ingresos van a una sola cuenta (la del Tesoro) de la cual salen también todos los desembolsos.
- Principio de especificación: Se prohíben las transferencias de unas partidas a otras.
- Principio de ejercicio cerrado: El gasto previsto para un año no se puede llevar a cabo en otro.
- Principios económicos:
- Limitación del gasto público: Desde el punto de vista del enfoque liberal, se debe atender a las necesidades colectivas no cubiertas por el mecanismo del mercado, es decir, a los bienes públicos puros.
- Neutralidad impositiva: El sector público no debe condicionar las decisiones del ciudadano en materia de consumo, ahorro, esfuerzo laboral o adopción de riesgos, utilizando la legislación fiscal.
- Equilibrio anual: Los ingresos ordinarios deben ser suficientes para atender los gastos totales del sector público.
- Limitación de emisiones de la deuda pública: Debe emitirse deuda pública para financiar inversiones autoliquidables (con rentabilidad para permitir el pago de intereses y la devolución del capital en su tiempo).