desvinculación

Proceso de abolición de los mayorazgos, que permitió que estos bienes pudieran ser divididos y vendidos. Constituyó una de las reformas básicas del liberalismo español, establecida por primera vez durante el Trienio Liberal, derogada por Fernando VII y vuelta a establecer definitivamente por los progresistas en 1836. La desvinculación fue una forma de desamortización, aunque, a diferencia de las manos muertas y los bienes comunales, los mayorazgos no fueron nacionalizados para no perjudicar a la nobleza que los poseía.

Dícese de la liberación de un bien que, por estar vinculado a una familia, persona moral o institución, no podía ser objeto de transacción comercial o donación. Entre los bienes vinculados sobresalen, por más conocidos, los mayorazgos. La vinculación de bienes era una de las bases más firmes del régimen feudal y el proceso de desvinculación hay que enmarcarlo en el de la abolición de dicho régimen, de la revolución burguesa. La vinculación de bienes no era atributo exclusivo de la nobleza -de la misma manera que no sólo ella detentaba señoríos- y significó una creciente acumulación de medios de producción en pocas manos. Conviene aclarar también que no toda la propiedad feudal era propiedad vinculada.

La desvinculación de los bienes de manos muertas supone la transformación del derecho de propiedad, la extensión de las relaciones capitalistas, a cuyas condiciones quedará sometida la nueva propiedad de la tierra, pues pasa a ser propiedad privada libre, susceptible de compraventa; adquiere, por tanto, un valor, se transforma en mercancía. Aunque aquellos medios de producción continuasen en las mismas manos, las formas jurídicas a que estaban sometidos habían sido transformadas. El propietario feudal se ha convertido en propietario capitalista. La desvinculación no supone necesariamente la enajenación de las propiedades y lo demuestra, por ejemplo, el que los condes de Sobradiel mantienen su patrimonio, de 1.200 Ha. de regadío, intacto durante todo el siglo XIX.

Durante las Cortes de Cádiz hubo un cierto temor a abordar este tema, pero en la sesión del 13-X-1812 se planteó la cuestión. El 11-X-1820 se suprimieron las vinculaciones de todo tipo, concediendo la libre disposición del patrimonio en un plazo de dos generaciones. Las ventas realizadas durante el Trienio fueron anuladas en 1824. En octubre de 1833, tras la muerte de Fernando VII, se publica un real decreto dejando sin efecto la real cédula citada. En las Cortes del Estatuto se realizan varias peticiones que cobran fuerza legal con la ley sobre Mayorazgos del 6-VI-1835. En marzo de 1836, 84 diputados piden sean restablecidas las leyes de 1820-23 acerca de mayorazgos, diezmos y señoríos que forzarán, el 30 de agosto, tras el triunfo del motín de La Granja, el establecimiento de la ley de 1820, quedando «suprimidas las vinculaciones de toda especie y restablecidos a la clase de absolutamente libres los bienes de cualquier naturaleza que las compongan». Todavía hay nuevos intentos, como la ley del 14-X-1837, que no recibirá la sanción real, y finalmente, siendo regente Espartero, la promulgación de una ley sobre vinculaciones y mayorazgos el 19-VIII-1841.

Por lo que respecta a Aragón, aparte de lo ya reseñado, es muy significativo un articulo del Diario de Zaragoza publicado el 7-lX-1835, en plena situación revolucionaría, que nos habla claramente de las vinculaciones y de los señorios como aspectos de un mismo problema: «Qué razones impiden el fomento de un arte [la agricultura] sobre el que gravitan tantas cargas y gabelas (...). A mi entender muchas son las causas que impiden un adelantamiento rápido; pero más que todo la falta de propiedad y la abundancia de brazos muertos (...); muchas leguas de circunferencia se ve, con sentimiento, que pertenecen a cuerpos llamados inmortales; otras inmensas llanuras y bosques intransitables a señorios cuya adquisición se confunde en la obscuridad; y en una palabra, la propiedad se halla reducida a dos o tres clases del Estado, y por consiguiente mal distribuida entre sus habitantes (...)». Cinco días después, la Junta provisional de Aragón dirige un manifiesto a los españoles donde entre otras cosas dice: «La gangrena verdadera del Estado es esa inmensa amortización eclesiástica tanto secular como regular, con la plaga de los depreciables vinculillos».

(Fuente: GEA)