ley sálica

Conjunto de normas, elaborado por los francos salios entre los siglos iv y vi, en el que se prohibía que las mujeres ocuparan el trono. En España, Felipe V promovió una ley similar mediante el Auto Acordado de 10 de mayo de 1713 (o Nuevo Reglamento sobre la Sucesión en Estos Reynos), en que el rey acordaba con las Cortes dar preferencia a la sucesión masculina en línea principal (de padre a hijo) o lateral (a hermanos y sobrinos) sobre la línea femenina. Esto impedía la sucesión femenina, pero no la prohibía. El Auto Acordado fue abolido por Fernando VII en 1829 al publicar la Pragmática Sanción de 1789, lo que dio lugar a la crisis sucesoria que a su vez provocó la primera guerra carlista.

Cuando se estudia la cuestión de la sucesión femenina de la Corona de España se alude a la Ley Sálica.

Entre las leyes sálicas, recopilación de disposiciones consuetudinarias de los francos salios de la Alta Edad Media, existía una que excluía a las hijas de la herencia de las tierras de una familia. Posteriormente, esta ley fue actualizada en la Francia moderna para excluir a las mujeres de la sucesión al trono y pasó a conocerse como Ley Sálica. Esta disposición fue adoptada por otras Monarquías.

La Ley Sálica aparece en España con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. En 1713, Felipe V dio un Auto Acordado en este sentido, derogando las disposiciones y reglas sucesorias tradicionales castellanas que se habían establecido en las Partidas. Este Auto anteponía el derecho de todos los varones del linaje real a heredar el trono al derecho de las mujeres de dicha dinastía. En 1789, recién entronizado Carlos IV, se aprobó la Pragmática Sanción, aunque no fue publicada hasta el año 1830 por su hijo Fernando VII y que anulaba la Ley Sálica. Fernando VII pretendía que su hija mayor, la futura Isabel II, reinara y no el hermano del monarca, Carlos María Isidro. Pero entre 1830 y 1833 se dio una intensa lucha cortesana entre los absolutistas, futuros carlistas, que no querían que el trono lo heredara una niña ni que estuviera en manos de su madre, la reina María Cristina, prefiriendo a Carlos María Isidro, firme defensor del absolutismo regio. Enfrente estaban los cortesanos y políticos más reformistas, que ante la personalidad del infante, se decantaron hacia la solución de la hija con una regencia de la madre. Ante su debilidad buscaron el apoyo de los liberales moderados, los cuales vieron una oportunidad de poder acceder al poder y, de ese modo, comenzar las reformas que pretendían aplicar en todos los ámbitos.

En 1832, el rey enfermó y los absolutistas consiguieron en La Granja maniobrar en torno al lecho del moribundo para que derogase la Pragmática Sanción, restableciendo la Ley Sálica, impidiendo, por lo tanto, que Isabel reinase. Pero el monarca se restableció y anuló el decreto, cambió el gobierno por otro más moderado y dejó definitivamente como heredera a su hija.

El nuevo gobierno de Cea Bermúdez optó por una tímida apertura hacia los liberales, buscando apoyos, decretando una amnistía y destituyó a todos los elementos carlistas de los resortes del poder. Carlos María Isidro decidió marchar al exilio portugués.

Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833. Isabel, con tres años de edad, heredaba la Corona y su madre pasó a ser la Reina Gobernadora. Para afianzarse en el poder frente a los carlistas, que no reconocían la sucesión, se apoyó en los liberales moderados para gobernar, a pesar de su escaso entusiasmo por el liberalismo. Por su parte, Carlos María Isidro publicó el Manifiesto de Abrantes donde se autoproclamaba rey con el nombre de Carlos V. La guerra carlista comenzaba, aunque debe tenerse muy en cuenta que la cuestión sucesoria, siendo importante, no es la única que explica esta primera guerra civil de la Historia contemporánea de España.