Génova, Tratado de (1705)
Génova, Tratado de
En 1705, una comisión de ciudadanos catalanes pactó en Génova el alineamiento de Cataluña con la gran alianza a cambio de que Inglaterra se comprometiera a proveer de armas y soldados al Principado y a hacer cumplir al archiduque las leyes y constituciones catalanas, extendiendo esta garantía incluso en el caso de que los Borbones ganaran la guerra. En 1706, el archiduque Carlos entraba triunfalmente en Barcelona y las Cortes catalanas le reconocían como rey. Felipe V consideró el hecho como una traición. La guerra tuvo diversos avatares para uno y otro bando. Pero en 1711 moría el padre del archiduque, el emperador Leopoldo I, y aquél accedía al trono del imperio austriaco, lo que significó un giro inesperado en la estrategia de equilibrios europea. Los aliados temieron que se rehiciera el antiguo imperio de Carlos I, e Inglaterra y Holanda cesaron el envío de tropas a Cataluña. Además, la llegada al poder de los "tories", partidarios de una paz económicamente ventajosa, como lo era la oferta de Felipe V de cederles el derecho de establecimientos de negros en América, hizo el resto. En 1713 se firma el tratado de Utrecht por el que Inglaterra impone sus tesis en el equilibrio europeo, frenando el expansionismo francés y conservando Menorca y Gibraltar, pero abandonando a su suerte a sus aliados del Principado, lo que dio pie a una polémica que se conoció en Europa como el caso de los catalanes. El archiduque, que rechazó la posibilidad de que Cataluña acudiera a Utrecht como "nación interesada", propuso que se le concedieran los cuatro reinos de la corona catalano-aragonesa o, incluso, establecer una república catalana bajo protección inglesa. Pero el primer ministro británico, Bolingbroke, lo rechazó y se limitó a pedir una amnistía general, con restitución de bienes y honores. El artículo 13 del tratado hace constar el interés inglés a favor de los privilegios catalanes, mientras que Felipe V promete dar a los catalanes la misma consideración que a los castellanos, en una ambigua redacción. Una vez ocupada Barcelona (1714) y terminada la guerra, las instituciones catalanas (Corts, Generalitat, Consells Municipals y la Coronela) fueron abolidas con el decreto de Nueva Planta. Los bienes de nobles y militares fueron confiscados, los eclesiásticos fueron privados de sus cargos, las fortalezas derribadas, las universidades cerradas, la lengua prohibida, etcétera.