Jerarquía de los actos comunitarios (jerarquía de las normas)

Una declaración aneja al Tratado de la Unión Europea dispone que "sería posible revisar la clasificación de los actos comunitarios, con vistas a establecer una jerarquía adecuada entre las distintas categorías de normas".

El objetivo principal de tal jerarquía consistiría en permitir que el legislador se concentrara en los aspectos políticos de los problemas, antes que en las cuestiones de detalle. Condicionaría el proceso de toma de decisiones comunitario asegurando que los actos de rango constitucional se sometieran a procedimientos más complejos (p. ej.: unanimidad, mayoría cualificada reforzada, dictamen favorable, etc.) que los actos legislativos, sujetos también a procedimientos más complejos (p. ej.: procedimiento de codecisión) que los actos de aplicación (p. ej.: delegación institucionalizada de poderes a la Comisión).

El asunto fue debatido por primera vez en 1990, cuando se trató la posibilidad de introducir el procedimiento de codecisión en el Tratado. La idea subyacente era impedir que un procedimiento demasiado complejo se aplicara a algunos actos de importancia secundaria, con el fin de evitar la asfixia legislativa. En 1991, la Comisión había propuesto la introducción de una jerarquía y una nueva tipología normativas en el ámbito comunitario (Tratado, ley, actos secundarios o de aplicación) durante las negociaciones sobre el Tratado de Maastricht, pero chocó con las diferentes tradiciones jurídicas nacionales. Esta materia no fue objeto de negociación en la Conferencia Intergubernamental de 1996-97.

Véase:

· Instrumentos jurídicos comunitarios

· Mayoría cualificada

· Mayoría cualificada reforzada

· Procedimiento de dictamen conforme

· Procedimiento de dictamen simple

· Procedimiento del artículo 189 B (codecisión)

· Procedimiento del artículo 189 C (cooperación)

· Unanimidad